Los legisladores de Nuevo León propusieron en varias ocasiones reformas a la constitución local para aplicar el llamado PIN parental, que permitiría a padres de familia decidir sobre los temas que se les enseñan a sus hijos en las escuelas.
La iniciativa ha levantado gran polémica, incluso Organizaciones civiles definidas como profamilia aseguran que la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero presiona a legisladores de los estados que buscan abrir la puerta a esta propuesta.
Por su parte, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena alertaron de las implicaciones inconstitucionales que la figura de pin parental tiene contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en materia de educación sexual y reproductiva, lo cual, señalaron, contraviene el carácter laico del Estado como eje rector de una sociedad plural y diversa.
Por otra parte, en el conversatorio virtual “Por los derechos humanos de las niñas y niños”, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), coordinadora de la subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, afirmó que el Pin Parental atenta contra los derechos humanos de la niñez.
Falta de educación sexual
“Es muy grave que algunos padres vean peligro en la educación sexual, cuando la falta de ésta genera que el país se encuentre en los primeros lugares en embarazos adolescentes”, subrayó.
Destacó que este tema es primordial en la defensa del interés superior de la niñez porque está vinculado a las reformas educativas realizadas por el Congreso el año pasado, con el objetivo de que las escuelas diseñen contenidos obligatorios para la integración de los alumnos a la vida social y escolar.
Acceso a la información
En la misma conversación virtual, Nelia Bojórquez Maza, representante de la sociedad civil de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, comentó que el Pin Parental emula la función de un código o contraseña para que únicamente personas autorizadas tengan acceso a información, lo que se pretende establecer en la educación de niñas, niños y adolescentes.
Explicó que la organización española que crea este sistema tiene una agenda amplia en contra de los derechos humanos y de la niñez. “Se debe analizar esta iniciativa ya que tiene el fin de darle un uso político a niñas y niños, en elecciones y medios de comunicación; su fin es ver a las niñas y niños como propiedad de los adultos y no asumirlos como sujetos de derecho”, manifestó.
Vulneración de los derechos
Claudia Alonso Pesado, consultora independiente y ex secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, planteó que la aprobación del Pin Parental vulneraría el derecho a la información de la niñez, toda vez que deja a decisión de los padres o tutores lo relacionado con la igualdad de género, sexualidad y diversidad.
Indicó que la Secretaría de Educación Pública debe revisar sus planes de estudio y los libros de texto gratuitos para que realmente se construya una educación sexual integral. “La función del Estado es construir ciudadanía a través del respeto de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad”.
