Su nombre era Alejandro Márquez Jiménez, era director del medio Orión Informativo y fue asesinado en el municipio de Xalisco, Nayarit. Es el primer periodista ejecutado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en nuestro país, que ya se volvió mortífero para los comunicadores.
Días después Diego García Corona fue interceptado por un comando cuando circulaba a bordo de su automóvil en la colonia Jardines de Ecatepec, Estado de México, también perdió la vida y se convirtió en el segundo periodista asesinado en este sexenio.
México se convirtió en un país muy peligroso para los comunicadores, cifras extraoficiales indican que en la administración de Enrique Peña Nieto fueron asesinados al menos 58 periodistas, y el común denominador es la impunidad.
De acuerdo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones, y en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio del derecho a la información, hasta 2018 ninguna persona había sido sentenciada por los casos de homicidio en contra de periodistas.
Los estados más mortíferos
La misma dependencia informó que los estados con más incidencia de este tipo de delitos son Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa.
La Federación Internacional de Periodistas informó en días recientes que en 2018 el país más mortífero para las personas que trabajan en los medios de comunicación en 2018 fue Afganistán y México se colocó en segundo lugar.
En su momento, el responsable para América Latina de Reporteros Sin Frontera, Emmanuel Colombié, dijo que:
“No hemos visto ninguna mejora. La situación es dramática, sobre todo para la prensa local de los estados marcados por los tráficos de armas y drogas.”
Con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador surgió la esperanza de un cambio en la seguridad de los periodistas.
Luego de la muerte de Diego García, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas,
condenó el asesinato y aseguró que ya se trabaja en un plan de prevención, protección, acceso a la justicia
y reparación del daño a periodistas.
El mismo López Obrador prometió dar “justicia y protección” a los periodistas y aseveró que entre sus planes de gobierno, que incluyen un ambicioso plan de seguridad, está el de dar protección a todos los ciudadanos y continuar y esclarecer los asesinatos cometidos, especialmente contra los trabajadores de los
medios de comunicación.
La Feadle informó en noviembre que el 99.2 por ciento del total de las investigaciones sobre crímenes
contra periodistas permanece impune.
Por ello, la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, declaró que “sin justicia, la impunidad es un mensaje para los perpetradores: en México se puede agredir a un o una periodista y no pasa nada”.
Qué hace el gobierno de López Obrador
Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones a su gabinete de seguridad de dar continuidad al
mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos “cuya integridad está
amenazada”.
Y es que no sólo la vida de los periodistas corre peligro. Los funcionarios públicos, los políticos y los
gobernadores y presidentes municipales también son blanco de los criminales.
Por ello Andrés Manuel López Obrador indicó que:
“Ustedes saben que se decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a expresidentes, pero hoy se acordó mantener la vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos.”
Los casos van en aumento, ya que hasta la fecha han muerto al menos siete autoridades municipales que surgieron de las elecciones de julio de 2018. Entre ellos están el presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca; Eliseo Delgado, alcalde electo de Buenavista Tomatlán, Michoacán; Zenón Cocula, regidor en Tlaquepaque, Jalisco; Rosalío González, regidor en Armería, Colima, y María Ascensión Cruz, regidora en Mazatepec, Morelos.
De acuerdo con Yeidckol Polevnsky, lideresa nacional de Morena, el proceso electoral 2017-2018 quedó
registrado como el más violento en la historia reciente, con 152 políticos asesinados, y la violencia en
contra morenistas se da en Oaxaca.
En la mayoría de los casos prevalece la impunidad. La situación es insostenible, nuestro país se ha
convertido en una zona de guerra, un país mortífero, en donde caen impunemente periodistas, políticos,
defensores de derechos humanos y entre ellos, como víctimas colaterales, muchos ciudadanos inocentes.
La estrategia de López Obrador tiene que dar resultados rápidamente, de lo contrario podría ser
cuestionado por los mismos que lo eligieron.
