El grupo parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados aseveró que la controversia constitucional presentada por la diputada Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, que va en contra del acuerdo expedido por el Ejecutivo Federal para regular la participación de las fuerzas armadas en tareas se seguridad, no representa a la mayoría parlamentaria.
Rojas Hernández consideró existen razones fundadas para solicitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise su constitucionalidad. El artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece en su numeral 2 que el líder cameral en turno tiene opción de interponer una controversia, siempre y cuando se trate de defender los intereses del órgano legislativo: El presidente podrá por sí mismo, en uso de la representación originaria que ostenta de la Cámara, como lo dispone el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar demanda de controversia constitucional cuando lo estime necesario para defender los intereses de ésta, aún en los periodos de receso.
Sin embargo, Morena dijo, por medio de un comunicado, que “Esa decisión no representa la opinión de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. El proceder del Presidente de la República está sustentado en los artículos quinto y sexto transitorios del decreto de reforma constitucional por el que se creó la Guardia Nacional, aprobada por mayoría y en los 32 congresos locales del país”.
Indicó que la facultad que otorgan al Ejecutivo dichos artículos transitorios tiene un carácter excepcional, de tal forma que será también extraordinaria la participación del Ejército y la Marina en apoyo de las labores de seguridad pública.
Respaldo del PRI a la controversia
Por otra parte, el grupo parlamentario del PRI manifestó su respaldo a la controversia presentada por Rojas Hernández contra el acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública y argumentó que “Este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país”.
