Un juez de Mazatlán otorgó el primer amparo presentado en contra de la legislación avalada por el Congreso de la Unión que indica que todos los servidores públicos tengan un salario menor al que percibe el presidente de la República, es decir 108 mil pesos.
La medida congela de momento la disposición contenida en la Ley Federal de Remuneraciones, en favor de la magistrada Sonia Rojas Castro, quien comprueba con diversos documentos su puesto al interior del Poder Judicial de la Federación, cuenta “a nivel subjetivo” con la protección constitucional, para prohibir que se disminuyan sus remuneraciones durante su encargo, dijo el juez.
Agregó que el artículo 94 de la Constitución establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los servidores públicos como ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales.
