La Agencia Tributaria española abrió una investigación contra Shakira al considerar que la artista colombiana habría defraudado a las arcas públicas por 14.5 millones de euros desde que la cantante llegara a vivir a España en 2011.
En un informe de la autoridad tributaria se alega que la intérprete habría incurrido en un delito de evasión fiscal al no haber abonado sus correspondientes impuestos de renta y patrimonio en los años 2012 y 2014.
Además de que existe la posibilidad de que hubiera incurrido con dolo a ciertas prácticas irregulares con tal de eludir sus responsabilidades fiscales, como haber pretendido que residía en las islas Bahamas.
En Defensa de Shakira
Abogados de Shakira apuntan que la Agencia Tributaria de España ha reconocido que no existen pruebas contundentes con las cuales demostrar que la cantante pasó más de la mitad de cada uno de los años indicados en el informe en territorio español, elemento establecido por la ley tributaria para determinar que un individuo es oficialmente residente a efectos fiscales y, por tanto, que debe declarar cada uno de sus rendimientos laborales.
Por otra parte, los portavoces de Shakira aseguran que ella no debe nada a Hacienda y que tiene una actividad profesional demasiado intensa y fuera de España, por lo que su estructura familiar es distinta a la de los modelos convencionales.