El diputado morenista Bruno Blancas Mercado, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, impulsa una iniciativa para castigar hasta con 12 años de cárcel a personas que promocionen u otorguen créditos ilegales a la población.
Comentó que se trata de una propuesta para adicionar la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, a fin de establecer que quienes sean encontrados responsables de este delito sean sujetos a una pena que va de los tres días a los 12 años de prisión y una multa de 120 veces la Unidad de Medida y Actualización.
El legislador apuntó que los estafadores ofrecen préstamos sin requerimientos mediante publicidad maliciosa en redes sociales, medios electrónicos, aplicaciones y páginas de internet apócrifas.
Fraudes cibernéticos
Explicó que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha advertido que entidades no financieras que concedan créditos no están reguladas ni supervisadas por alguna autoridad que acredite los contratos expedidos, y por tanto es imposible para este organismo intervenir en favor de la población.
A raíz de diversas denuncias ciudadanas sobre aplicaciones que autorizaban préstamos inmediatos, la Policía Cibernética identificó al menos 80 apps que no se encuentran reguladas por la Comisión, las cuales continúan en funcionamiento por la falta de mecanismos de sanción contra los estafadores, y la necesidad económica apremiante de las personas que buscan y se valen de estos mecanismos irregulares que facilitan el robo de identidades.
Blancas Mercado expresó que las estafas crediticias resultan en eventos alarmantes para los usuarios, ya que al contar con la información que estos proporcionaron a través de las aplicaciones, suelen recibir intimidaciones o extorsiones, así como usura por parte de las supuestas entidades, es decir, esquemas ilegales con los que pudieran identificarse los préstamos otorgados bajo el mecanismo conocido como “gota a gota”.
Comentó que, a pesar de las advertencias de la Condusef, “es menester establecer penas que propicien sanciones eficaces para frenar las extorsiones a través de aplicaciones maliciosas y de entidades no financieras que prometen una solución para la ciudadanía en circunstancias urgentes”.
Además, acotó, se pretende responsabilizar penalmente a quienes los autoricen, y a los dirigentes, administradores o mandatarios que los ejecuten.
